Nota por Ulises Román Rodríguez publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

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Anochecer de un día agitado en Paraná. Después de mirar una película en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos y de darle la teta a Felipe, la flamante diputada nacional Carolina Gaillard se sienta un rato, a solas, a conversar con El Planteo.

Hace apenas unos días, cuando juró como diputada del Frente de Todos con mandato hasta el 2025, lo hizo con un mensaje en referencia a su agenda política que causó cierto revuelo en los medios.

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“Por la Patria libre, justa y soberana que soñaron nuestros compañeros detenidos-desaparecidos. Por mi pueblo entrerriano. Por un Estado que cuide y acompañe y no que castigue y criminalice a los usuarios. No más presos por plantar. ¡Sí, juro!”

—¿Qué hay que hacer para que no haya más presos por plantar?

—Lo primero que hay que hacer, de manera urgente, es un protocolo de actuación para los casos de personas detenidas o presas por cultivo medicinal y, en segundo lugar, es urgentísimo que nosotros hagamos la despenalización. Eso va a ser una ley más benigna, con lo cual todos lo que estén presos por plantar van a tener el beneficio de poder salir en libertad.

Con estas consignas como bandera, la diputada entrerriana reafirmó, el día de la jura, su militancia por la legalización del cannabis que comenzó en 2016.

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“Había asumido en diciembre del 2013 y desconocía absolutamente la temática. Hasta que llegaron las madres a pedirnos a los legisladores que sancionáramos una ley que modificara la ley de drogas porque tenían una pena de 4 a 15 años para quien cultivara y ellas estaban cultivando para poder hacer el aceite sus hijos que sufrían de epilepsia refractaria”, cuenta Gaillard.

Como presidenta de la Comisión de Salud se le ocurrió que era importante instalar el tema y dar el debate para modificar la ley de estupefacientes número 23.737.

Vacíos legales

Hay que tener en cuenta que gobernaba el macrismo y que Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad, con lo cual el oficialismo no tenía intenciones de avanzar en ese sentido. Entonces se hizo una ley que declaraba de interés la investigación en cannabis.

“Es una ley muy enfocada en la investigación pero tiene cosas piolas como, por ejemplo, que es para las patologías que prescribe el médico y/o lo que está en la reglamentación, entonces si la reglamentación era restrictiva, el médico podía ampliar la mirada y si prescribía otra cosa valía lo que decía la ley y no la reglamentación”, explica.

Carolina Gaillard y Valeria Salech, fundadora y presidenta de Mamá Cultiva Argentina

De alguna manera, todo este recorrido, con varias idas y vueltas en el medio, allanó el camino para la creación del REPROCANN: el registro de cultivadores en el que cualquier persona que hace uso medicinal del cannabis se inscribe y accede de manera legal.

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—A pesar del REPROCANN todavía hay gente que va presa por plantar y vos lo expresaste en la jura. ¿Qué es lo que está fallando ahí?

—El desafío es capacitar a las fuerzas de seguridad porque todavía siguen haciendo allanamientos a gente que está inscripta en el REPROCANN. Para eso necesitamos protocolos de actuación claros de que no es delito cuando hay un uso medicinal, porque es un uso autorizado.

—¿Cómo considerás que se debe trabajar en ese sentido?

—Sacando adelante una ley para permitir el cultivo, la comercialización, la exportación y la producción de todos los productos de cannabis, sus derivados y de cáñamo. Todo eso hoy no está permitido porque la ley se limita al cultivo experimental, por eso es importante autorizar la comercialización, creando una agencia que regule todo y dándole mucha participación a las cooperativas de cultivadores que van a elaborar productos.

—Aunque no habría que adelantarse, ¿se puede pensar en que el siguiente paso sea la despenalización para consumo personal?

—Creo que hay que tomar lo que dijo la jurisprudencia de la Corte hace muchos años y que el Estado tiene que estar presente para acompañar, para cuidar y no para criminalizar. Así que me parece que eso es urgente, que lo tenemos que hacer, porque va a ser la manera de que los fiscales, la policía y la Justicia dejen de considerar delito cultivar una planta o hacer un acto personal como es el consumo de marihuana que no daña a nadie. Y, si uno se pone a pensar, vivimos en una sociedad medicalizada, que hace abuso de los psicotrópicos, que tiene legalizado el alcohol y el tabaco. Por eso es momento de avanzar en una legislación que esté más a la altura del siglo XXI y de la demanda social.

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La apertura de una chica ‘medio pacata’

Ana Carolina Gaillard se crió en General Campos, un pueblo de 5.000 habitantes de la provincia de Entre Ríos, en el seno de una familia católica que nada tiene nada que ver con la marihuana.

“Nunca había fumado marihuana y no tuve ninguna relación previa con el cannabis. Soy medio pacata. Más que fumar un cigarrillo y tomar cerveza, no. Y cuando fumé me hizo mal, me mareé, lo hice como una cuestión social con amigos y no me cayó bien”, cuenta sobre su experiencia cannábica.

El día que llegaron las madres de Mamá Cultiva y otras agrupaciones a plantearles su necesidad de legalizar el cannabis cambió su visión sobre la planta.

“Nosotros, como legisladores, somos los responsables de que haya presos por plantar. Por eso creo que nosotros tenemos que hacernos cargo urgentemente de esa demanda, el delito es matar alguien, ser violento, no es delito cultivar una planta y menos una planta que alivia el dolor”, dice la diputada entrerriana.

¿Quién manejará el negocio?

Cuando se piensa en el negocio que generará la legalización de la marihuana entra en discusión en manos de qué actores quedará la comercialización de la planta y sus derivados.

“Es central la participación de la economía social, no queremos que el negocio quede para dos o tres vivos o grandes empresas que puedan presentarse y tener las licencias, creemos en el cooperativismo porque Entre Ríos es una provincia cooperativista”, dice Gaillard.

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La legisladora sostiene que de ese modo “se van a lograr precios justos y los que más saben de cannabis son los cultivadores que hace años que vienen trabajando con la planta, entonces todos esos saberes empíricos tienen que ser valorados por el Estado”.

—¿En qué estado se encuentra la ley que se aprobó en Entre Ríos?

—Tenemos una ley de adhesión a la 27.350, pero además tenemos una ley de regulación de cannabis que establece que se estará siempre a favor de como principios de los derechos del usuario. Es una ley con perspectiva de derecho. Es una ley que establece que el Estado provincial debe autorizar las licencias para la producción a cooperativas, a mutuales o a empresas del Estado. Es una ley trabajada con las organizaciones de la sociedad civil, todo un grupo de APAC y otras organizaciones de la provincia. Es una ley muy de avanzada en materia de regulación. En cuanto a leyes provinciales, creo que la mejor es la entrerriana.

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